Con el lanzamiento de «El Libro de la Quincena», Manuel Alcántara nos invita a embarcarnos en un emocionante viaje de descubrimientos. En este espacio, Manuel nos ofrece una selección cuidadosa de libros que, según su criterio experto, merecen ser destacados y compartidos. Cada dos semanas, nos guiará a través de reseñas, revelando las obras literarias que han capturado su atención y reflexión.
La justicia transicional, que no puede limitarse a procesos judiciales, surge como un conjunto de mecanismos jurídicos, políticos y sociales orientados a enfrentar las secuelas de las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas a lo largo de conflictos armados o de regímenes autoritarios. Su propósito no es únicamente sancionar a los responsables, sino también garantizar el derecho de las víctimas a la verdad, la reparación, la justicia y la no repetición. En este marco, el derecho a la verdad se convierte en un pilar fundamental, pues permite reconstruir los hechos, reconocer el sufrimiento de las víctimas y dignificar su experiencia.
Uno de los aspectos más dolorosos y persistentes en los escenarios de posconflicto es la desaparición forzada de personas. La búsqueda de los desaparecidos no solo representa una necesidad humanitaria, sino también una obligación jurídica del Estado. Las familias tienen derecho a saber qué ocurrió con sus seres queridos, y la sociedad en su conjunto necesita conocer la magnitud de los crímenes para poder avanzar hacia una reconciliación genuina. La creación de mecanismos como comisiones de la verdad, unidades de búsqueda y registros oficiales de víctimas son herramientas esenciales para esclarecer estos hechos y facilitar el duelo colectivo.
La memoria, por su parte, cumple una función transformadora. No se trata únicamente de recordar el pasado, sino de construir narrativas que reconozcan a las víctimas, visibilicen los abusos cometidos y promuevan una cultura de respeto a los derechos humanos. La memoria histórica puede expresarse a través de monumentos, museos, archivos, testimonios y actos conmemorativos, todos ellos orientados a evitar el olvido y prevenir futuras violencias. En este sentido, la memoria no es estática ni neutral: es una herramienta política que puede contribuir a la justicia o perpetuar la impunidad, dependiendo de cómo se construya y difunda.
En Perú, la justicia transicional ha sido clave para enfrentar las secuelas del conflicto armado interno que se desarrolló entre 1980 y 2000, marcado por enfrentamientos entre grupos subversivos como Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), y las fuerzas del Estado. Este periodo dejó más de 69,000 víctimas, según la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), y profundas heridas en la sociedad peruana. En este contexto, el derecho a la verdad, la búsqueda de personas desaparecidas y la construcción de la memoria se han convertido en pilares fundamentales para avanzar hacia una paz duradera.
El derecho a la verdad implica el reconocimiento oficial de los hechos ocurridos, la identificación de los responsables y hacer visible el sufrimiento de las víctimas. La CVR cumplió un papel esencial al documentar miles de casos de violaciones a los derechos humanos, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, torturas y desapariciones forzadas. Sin embargo, el acceso pleno a la verdad sigue siendo una deuda pendiente, especialmente en las comunidades rurales e indígenas que fueron las más afectadas y que aún enfrentan barreras estructurales para acceder a la justicia.
La desaparición forzada es una de las heridas más profundas del conflicto. Miles de familias continúan buscando a sus seres queridos, enfrentando la indiferencia institucional y la falta de recursos. La creación de la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas en el Ministerio de Justicia ha sido un paso importante, pero insuficiente. La búsqueda debe ser una prioridad estatal, con enfoque humanitario, intercultural y participativo, que reconozca el dolor de las familias y garantice su derecho a saber.
La memoria, por su parte, es un terreno en disputa. Mientras algunos sectores buscan minimizar o justificar los abusos cometidos, otros luchan por preservar la memoria de las víctimas y promover una narrativa que reconozca la dignidad de quienes sufrieron. Espacios como el Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social son fundamentales para este proceso, al ofrecer un terreno de reflexión y aprendizaje para las nuevas generaciones.
En suma, la justicia transicional en Perú debe fortalecer el derecho a la verdad, intensificar la búsqueda de los desaparecidos y consolidar una memoria inclusiva y crítica. Solo así se podrá construir una sociedad que aprenda de su pasado y se comprometa con la no repetición de lo acontecido en dos décadas tan traumáticas.
El derecho a la verdad no solo implica el esclarecimiento de los hechos y la identificación de los responsables, sino también el reconocimiento del sufrimiento de las víctimas y su inclusión en la narrativa oficial del país. La búsqueda de personas desaparecidas, por su parte, representa una deuda histórica del Estado con miles de familias que aún esperan respuestas. Este proceso requiere un enfoque humanitario, intercultural y participativo que priorice la dignidad de quienes han sido invisibilizados durante mucho tiempo.
Asimismo, la memoria desempeña un papel crucial en la consolidación de una cultura democrática y en la prevención de futuras violencias. La disputa por el sentido del pasado refleja tensiones políticas y sociales que deben ser abordadas desde una perspectiva crítica e inclusiva. Espacios de memoria, testimonios y actos conmemorativos son herramientas que permiten reconstruir el tejido social y promover el respeto por los derechos humanos.
Los diez capítulos que integran el presente volumen distribuidos en cuatro secciones temáticas bajo la minuciosa y comprometida dirección de Ágata Serrano son una valiosa aproximación a todo ello. Configuran un repertorio de rigurosos textos imprescindibles para entender la realidad peruana en el ámbito de la implementación de las políticas de justicia transicional en Perú y de todos los antecedentes que constituyeron el conflicto armado, un país a veces olvidado en comparación con otros del vecindario latinoamericano. El conjunto de colegas brillantes que configuran el elenco de la autoría plural es digno de elogio también por la diversidad de enfoques y de lugares de procedencia institucional. Se trata de Salomón Lerner Febres, Jerónimo Ríos Sierra, Sofía Macher Batanero, Katherine Lourdes Valenzuela Jiménez, Lisa J. Laplante, Mónica Liliana Barriga Pérez, Iris Jave, Edgardo Rodríguez Gómez y Olga González.
La Dra. Serrano genera con su liderazgo y buen hacer una pieza inestimable que sin duda va a sobresalir en la literatura especializada sobre estas cuestiones para, como ella sostiene oportunamente en sus palabras introductorias, promover el diálogo y afirmar el compromiso colectivo de una sociedad traumatizada con la no repetición.
Agata Serranò (dir.)(2025). Veinticinco años de posconflicto en Perú. Avances y límites en la implementación de las políticas de reparación, verdad, memoria y justicia. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Madrid. Colección Foros y debates, número 57. ISBN: 978-84-259-2120-9. 363 págs.
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