«España en el laberinto»
Nueva crisis
Durante el último semestre, la política española ha vivido un complejo período de desasosiego que ha atraído la atención de la comunidad internacional.
Todo empezó con las elecciones municipales del 28 de mayo y la toma de posesión del nuevo gobierno el 20 de noviembre. En este lapso se dieron la prematura disolución del Congreso y la celebración de unos comicios generales muy polarizados (la situación, sin embargo, no afectó los compromisos derivados de la presidencia española del Consejo de la Unión Europea, ejercida entre junio y diciembre).
La coyuntura exige una seria reflexión sobre las peculiaridades del parlamentarismo, sobre el significado de los cambios registrados en la sociedad y en el sistema de partidos y, por último, sobre la consolidación de la polarización afectiva en torno al nacionalismo.
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Retos del parlamentarismo
El parlamentarismo como modelo de gobierno tiene dos características fundamentales: el jefe del ejecutivo, además de ser elegido por el poder legislativo, tiene la potestad de convocar elecciones en cualquier momento. Además, es importante señalar que la soberanía popular se expresa por medio de los comicios donde se elige al Congreso por un período de hasta cuatro años.
El anterior gobierno español, surgido tras las segundas elecciones de 2019, debía haber cumplido su mandato en noviembre. Pero el mal resultado en las municipales de mayo provocó la inesperada disolución del Congreso y el llamado a elecciones por parte del presidente Pedro Sánchez. Los comicios serían celebrados el 23 de julio, una fecha inusual porque se encontraba en pleno período vacacional.
En las elecciones municipales el PSOE, el partido de gobierno, obtuvo el 28, 1% de los votos. Por otro lado, el Partido Popular (PP) triunfó con el 31, 5%. Además, ganó en 15 de los 29 municipios de más de 200.000 habitantes. Esta victoria se logró gracias a que, en la mitad de los territorios, realizó una coalición con VOX, la ultraderecha española.
«El proceso de negociación para lograr la mayoría absoluta que necesitaba Pedro Sánchez implicaba contar con el apoyo expreso de los siete diputados de Junts, introdujo la cuestión de la amnistía»
Foto: La Moncloa – La amnistía ha sido enviada al Congreso como proyecto de ley donde será discutida.
La convocatoria anticipada, además de frenar el desgaste gubernamental frente a la opinión pública, implicó que el control de la agenda pasara a manos del ejecutivo, que puso el acento en los pactos entre el PP y VOX.
El resultado de las elecciones generales, contradiciendo la tendencia de las encuestas, fue una “derrota dulce” de la coalición gubernamental surgida en 2019 — la primera desde la Constitución de 1978—.
Una derrota dulce
El PSOE obtuvo 121 escaños y SUMAR, uno de sus aliados, 31. Por su parte, el PP, gracias a la transferencia de los votos del desaparecido partido Ciudadanos, alcanzó 137, el mismo número que en 2016. Pero para llegar a la Moncloa (es decir, a la sede gubernamental), debía aliarse con VOX (33 escaños), un partido antisistema cuya identidad constituye una línea roja para muchos partidos europeos emparentados con el PP.
El sistema parlamentario español exige que, para alcanzar la investidura se debe obtener la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados (176 sobre 350). Si esto no se logra, hay que realizar una segunda votación en el Congreso donde los votos afirmativos superen a los negativos.
En caso de que falle la primera candidatura, el Rey propondría una nueva, reiniciando el proceso con un límite de dos meses a partir del primer intento de investidura. Si ninguno de los candidatos consigue los apoyos necesarios, se deberá convocar nuevas elecciones.
El 27 de septiembre, en la primera votación, Alberto Núñez Feijoo, líder del PP, tuvo 172 votos a favor y 178 en contra, situación que se repitió 48 horas después. Por otro lado, el 16 de noviembre, la apertura de un nuevo proceso permitió la consolidación de Pedro Sánchez como candidato del PSOE, quien obtuvo 179 votos a favor y 171 en contra.
Lo anterior no es ajeno a la tradición política española, porque 14 de las 26 investiduras que se han realizado desde 1979, no han prosperado. Sin embargo se debe señalar que la mayoría de las candidaturas fallidas se han dado a partir de 2016 (10 de las 12).
El fenómeno anterior se traduce en la fragmentación del sistema de partidos, que tuvo su momento más álgido en las elecciones al parlamento europeo de 2014 en gran medida como consecuencia de la crisis económica de 2009. En estos comicios, los principales partidos del país no alcanzaron conjuntamente la mitad del total de los votos emitidos. Por eso surgieron agrupaciones como Ciudadanos, Podemos y VOX.
El problema catalán
También importa traer a colación el avivamiento del nacionalismo catalán después de que el PP sometiera el Estatuto de Autonomía catalán, aprobado en 2006, al Tribunal Constitucional que lo recortó de manera brutal.
En octubre de 2017, el nacionalismo catalán propició una consulta popular ilegal, que fue seguida por un confuso intento de proclamación de la independencia de Cataluña por parte del presidente Carles Puigdemont. Tal estratagema política terminó con la intervención del gobierno central, presidido por Mariano Rajoy del PP, quien tuvo el apoyo parlamentario del PSOE.
Tras la fuga de Puigdemont en el maletero de un coche a Bélgica, el gobierno español detuvo a un buen número de políticos y activistas y tuvo que lidiar con movilizaciones con manifestantes y policías heridos. Dos años más tarde, el presidente de Junts fue elegido eurodiputado y varios independentistas, antaño condenados por la justicia española, fueron indultados cuando Sánchez llegó a la presidencia.
La reciente investidura de Sánchez fue apoyada por ocho grupos políticos: SUMAR, agrupación presente en todo el territorio español y en el ámbito autonómico (33 escaños); Bildu (6 escaños); Partido Nacionalista Vasco (5 escaños); Ezquerra Republicana de Catalunya (7 escaños); Junts (7 escaños); Bloque Nacionalista Gallego (1 escaño) y Coalición Canaria (1 escaño).
El segundo acuerdo de investidura es el más amplio de la historia reciente de la democracia española. Solo fue superado por el de 2019, el cual estaba constituido por nueve formaciones políticas diferentes. Para la fecha, Sánchez obtuvo apenas el apoyo de 167 diputados (165 en contra y 18 se abstuvieron), es decir, el 44, 7% del voto popular —frente al 49, 6% del 2023—. Como ocurrió en 2019 en el acuerdo participaban partidos que en el eje clásico izquierda-derecha se situarían en polos opuestos. Mientras que PNV, Junts y CC se ubicarían en la derecha el resto se colocaría en la izquierda.
«el mal resultado en las municipales de mayo provocó la inesperada disolución del Congreso y el llamado a elecciones por parte del presidente Pedro Sánchez«
El proceso de negociación para lograr la mayoría absoluta que necesitaba Pedro Sánchez implicaba contar con el apoyo expreso de los siete diputados de Junts, introdujo la cuestión de la amnistía, una figura jurídica compleja y profundamente simbólica.
Esta circunstancia fue manejada por el PP y VOX para caldear el ambiente identitario, o, dicho de otro modo, “la quiebra de España”. Mientras tanto, desde la izquierda, se defendió la idea de que “el problema catalán” debía afrontarse desde el debate político y no desde la judicialización.
Finalmente, el gobierno español ha tomado posesión y podrá poner en práctica las líneas maestras de la política en lo concerniente al empleo, el aumento del poder adquisitivo para los sectores desfavorecidos, el refuerzo del estado de bienestar, la transición ecológica, la cohesión territorial, las políticas de igualdad y el protagonismo europeo.
Por su parte, la amnistía ha sido enviada al Congreso como proyecto de ley y allí será debatida y luego enviada al Tribunal Constitucional. Mientras tanto, la explosiva situación que vivieron la sociedad catalana y la española entre septiembre y noviembre de 2017 parece morigerada.
Según datos demoscópicos actuales, el socialismo catalán es la primera fuerza en intención de voto y las expresiones independentistas pasan por un momento de menor apoyo. Ello no quiere decir que el conflicto esté resuelto, pero sí encauzado y que continuará siendo el principal instrumento de la oposición.
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